La historia contemporánea más reciente contemplaba a España como un país Católico, la democracia vino a ampliar esa gran división que hizo Montesquieu de los poderes del Estado, estableciendo el ámbito religioso desligado del ejecutivo, del legislativo y del judicial y ello lo reflejó la constitución vigente al declarar a España un estado aconfesional.
Los padres de la constitución no cabe duda que tuvieron que tener en cuenta la histórica presencia de las comunidades religiosas de las de hoy denominadas de “notorio arraigo “, así como la posterior transformación de España en un país de inmigración, lo que ha impulsado el desarrollo de un pluralismo religioso .
La clase política, no obstante ello, sigue manejando la cuestión religiosa como un medio más para llegar a la captación de votos y es aquí donde se produce la gran “melé” de términos. Algunos como el Presidente de Castilla-La Mancha, días pasados vino a declarar que hace falta gobernar para la mayoría católica, y añadía “al menos en esta comunidad autónoma”.
Diversos miembros del gobierno, en multitud de ocasiones se refieren a la laicidad del estado y solo la llegada del Jefe de Estado Vaticano, por los honores que se le rindieron, en visita pastoral, hace escasos días, puso en boca de parte de clase política el término aconfesional.
Un estado aconfesional defiende el principio de libertad religiosa, pero viene a considerar la materia religiosa como una parte integrante del conjunto de segmentos que conforman la cultura social, y le viene encomendada la obligación de colaboración con todas y cada una de las Religiones reconocidas.
Esto último es la gran diferencia entre aconfesional y laico (que no son sinónimos), sino dos formas diametralmente opuestas de entender la libertad religiosa.
Sección semanal de Abraham Barchilon, miembro de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, en Radio Ona Mallorca
